El expresidente de Paraguay Santiago Peña fue arrestado en la noche del viernes en su domicilio de Asunción tras ser destituido por el Senado en un juicio político, mientras el vicepresidente Pedro Alliana juró como nuevo mandatario y prometió resarcir a los afectados por la crisis financiera que desató la caída de Ueno Bank.
Peña deberá declarar este sábado a las 11 en la sede de la Fiscalía por los supuestos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. La detención fue ordenada por los fiscales Christian Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Vester y Ruth Benítez, quienes dispusieron que el exmandatario cumpla la medida en su domicilio hasta ser puesto a disposición del Ministerio Público. También se ordenó la detención del extitular del Banco Central, Carlos Carvallo, quien permanecerá en dependencias que determine la Comandancia de la Policía Nacional.
Durante la madrugada, Peña fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial (REP), una unidad del Ejército encargada de la seguridad de la máxima autoridad del país, en medio de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y policías. Al momento de salir con destino al REP, un grupo de personas arrojó objetos contra los vehículos, al tiempo que se desplegaba un cordón policial. Los manifestantes reclamaban que Peña cumpliera su arresto en una cárcel. Hubo forcejeos y la policía dispersó la protesta con balas de goma.
La destitución de Peña
Con el voto a favor de los 44 senadores presentes, Peña, de 47 años, se convirtió en el segundo presidente en la historia reciente de Paraguay en ser desalojado del poder mediante un juicio político, después del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012). El ahora exmandatario, que perdió el apoyo del gobernante Partido Colorado, no acudió al Legislativo pese a haber sido convocado personalmente y delegó su representación en los letrados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda.
El anuncio de su destitución fue recibido con cánticos de «Santi, rata, devolvé la plata» y un concierto de bocinazos en el centro de Asunción. Cientos de manifestantes se concentraron en la Plaza de Armas de la capital paraguaya, muchos vistiendo camisetas de la selección paraguaya y portando pancartas que pedían la devolución de los ahorros confiscados y la renuncia del presidente.
La crisis de Ueno Bank
Paraguay entró en una crisis después de que el Banco Central ordenara un procedimiento de resolución del Ueno, una institución con 2,94 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, que recibió durante el mandato de Peña millonarios recursos de entidades públicas. A ello se sumó la preocupación de miles de ahorristas que denunciaron no tener acceso a sus recursos, entre ellos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones del país.
Los diputados que actuaron como acusadores en el juicio político denunciaron la pérdida de unos 1.200 millones de dólares «del pueblo paraguayo» tras el cierre de Ueno Bank y pidieron declarar culpable al mandatario, al que calificaron como «el desfalcador más grande de la historia» del país. Durante el juicio, el senador opositor Rafael Filizzola calificó el vaciamiento del banco como «el escándalo de corrupción más grande de la era democrática en Paraguay», mientras que el oficialista y exembajador Gustavo Leite acusó a Peña de haber traicionado «a todos los paraguayos» y pidió que su destitución se hiciera con deshonra.
Poco antes de la votación, Peña afirmó en su cuenta de X que había presentado su renuncia para evitar más daño al país y contribuir a recuperar la tranquilidad. «No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal», señaló. Con la destitución, Peña ya no será senador vitalicio, un privilegio que la Constitución otorga a los expresidentes elegidos democráticamente salvo que hayan sido sometidos a juicio político y hallados culpables.
El nuevo presidente
Pedro Alliana asumió la presidencia en una sesión extraordinaria en la que el presidente del Congreso, el oficialista Basilio Núñez, le impuso la banda y el bastón de mando. En su primer mensaje al país, se comprometió a no abandonar a quienes resultaron afectados por la crisis financiera. «Lo que vengo a prometer es concreto: los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos», anunció.
Alliana ordenó que «se tomen acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas con preferencias por los menos favorecidos». «No quiero a ningún tibio a cargo de esta misión. Quiero resultados», subrayó. Además, aseguró que concentrará su gestión, hasta agosto de 2028, en ocuparse de la situación interna, al sostener que «ya se hizo suficiente en el exterior». «Yo voy a ser un presidente que se ocupa del Paraguay adentro. Pido a los ministros que viajar sea por una razón impostergable», agregó. Poco después prestó juramento como nuevo vicepresidente Antonio Barrios, que previamente dejó su escaño como senador por el oficialismo.
El contexto político
El masivo apoyo a la salida de Peña expuso una absoluta soledad para el exmandatario. Eso se explica por el rol de Horacio Cartes para alinear a todos los colorados, desde los propios de Honor Colorado hasta la disidencia de Fuerza Republicana y Añetete. La nueva centralidad de Cartes también se verá reflejada en el control que ejercerá sobre el presidente Alliana y el vicepresidente Barrios, y en la designación del nuevo gabinete luego de la purga contra funcionarios del peñismo. Cartes había decidido tomar distancia del gabinete presidencial, molesto por la indefinición de Alliana respecto a la elección de Juan Carlos Baruja como compañero de fórmula para 2028. Tras ese alejamiento, la salida de Peña del poder se precipitó en cuestión de semanas.
