Luis Alan Valverde Rodríguez fue arrestado en Lima tras permanecer un año fugitivo. Está señalado como el líder de una red criminal que asesinó a tres jóvenes en Florencio Varela por una presunta venganza narco.
En las últimas horas, las fuerzas de seguridad internacionales lograron un avance crucial en una de las causas más cruentas de la historia criminal reciente de la provincia de Buenos Aires. Luis Alan Valverde Rodríguez, un ciudadano peruano de 40 años de edad conocido en el ámbito delictivo bajo el alias de «Papá», fue capturado en la ciudad de Lima tras permanecer más de un año en calidad de prófugo. La Justicia argentina había emitido una orden de captura nacional e internacional en su contra, señalándolo como uno de los máximos responsables y cabecillas de la organización que perpetró el brutal triple crimen de Florencio Varela en septiembre de 2025.
El exitoso operativo de detención fue ejecutado de manera conjunta por efectivos de la Policía Nacional de Perú, en estrecha y permanente coordinación con los agentes de la Dirección General de Cooperación Internacional del Departamento Interpol, dependiente de la Policía Federal Argentina (PFA). La aprehensión del peligroso sospechoso se concretó a plena luz del día, en las inmediaciones de un centro bancario ubicado en la zona de Huachipa, en la capital peruana. Su localización fue el corolario de un extenso y riguroso trabajo de inteligencia estratégica que combinó vigilancias encubiertas, manejo de fuentes humanas y análisis de comunicaciones electrónicas.
Según detallaron fuentes oficiales ligadas al expediente, Valverde Rodríguez logró evadir a la Justicia durante todos estos meses utilizando una sofisticada maniobra de ocultamiento. Al momento de ser interceptado por los comandos policiales, el sujeto portaba documentación apócrifa y se identificaba bajo el nombre de Miguel Gerardo Celestino Timana. Esta identidad falsa correspondía a un ciudadano real, debidamente inscripto en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de Perú. Para los investigadores, el uso deliberado de esta suplantación evidencia el pleno conocimiento que el prófugo tenía sobre el asedio policial y la gravedad de su situación legal.
La causa penal, instruida por el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, y el secretario Ignacio Calvi, investiga los atroces homicidios de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años de edad, junto a la adolescente Lara Gutiérrez, de apenas 15 años. Las tres víctimas fueron vistas con vida por última vez en la noche del 19 de septiembre de 2025. Bajo el engaño de asistir a una fiesta, fueron captadas en el cruce de las calles Quila y El Tiburón, en Ciudad Evita, partido de La Matanza. Tras abordar una camioneta Chevrolet de color blanco, fueron trasladadas por la fuerza hacia una vivienda en Florencio Varela, donde padecieron un feroz cautiverio que culminó con su ejecución.
Para la magistratura federal, estos asesinatos constituyen un caso paradigmático de violencia extrema contra las mujeres, perpetrado en un contexto de criminalidad organizada que entrelaza el narcotráfico y la explotación sexual. La principal hipótesis que guía el expediente sostiene que el móvil del triple femicidio fue una cruel venganza. La masacre se habría planificado como represalia directa por el presunto robo de treinta kilogramos de cocaína, un hecho que la cúpula de la banda le atribuía a un sujeto que mantenía vínculos cercanos con una de las víctimas.
La red criminal ya había sufrido un duro revés en junio pasado con el procesamiento y dictado de prisión preventiva de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J». Este individuo, que también fue capturado en Perú y extraditado a la Argentina, cumplió un rol logístico esencial en la captación, el traslado y el aseguramiento del lugar donde las jóvenes fueron privadas de su libertad y posteriormente asesinadas. Tras la reciente caída de «Papá», las autoridades diplomáticas y judiciales argentinas ya pusieron en marcha los exhortos formales para solicitar su pronta extradición, buscando que enfrente el proceso judicial en el país y se complete el desmantelamiento total de la organización.
