Una auditoría del Gobierno detectó un desfasaje de $158.717 millones en los registros internos de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que estuvo encabezada por Diego Spagnuolo hasta su desplazamiento en agosto de 2025.
Según publicó LA NACION, la cifra surgió de un análisis realizado por la intervención del organismo y corresponde a diferencias entre las deudas informadas por dos áreas clave. Parte de esos compromisos no había atravesado los controles administrativos establecidos.
El trabajo examinó la gestión de la Andis hasta el 21 de agosto de 2025 y relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas, supo la Agencia Noticias Argentinas. La auditoría indicó que «se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la deuda exigible».
Una diferencia entre dos áreas
Los auditores pidieron información sobre pagos y deudas a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), que implementaba programas como Incluir Salud. Esta última dependencia informó el monto de deuda más elevado.
El informe también advirtió sobre posibles imprecisiones en la información entregada por la Dnass. Desde esa dirección señalaron que tanto los importes como su clasificación podían haber registrado variaciones por errores involuntarios en la carga realizada por prestadores. Una fuente al tanto del funcionamiento de la ex Andis, consultada por LA NACION, comentó que el desfasaje «no es algo inusual», aunque le pareció «significativo» el monto. Explicó que «la DNASS asume y se compromete a pagar, pero después no tiene ese presupuesto y todavía esa deuda, para que sea reconocida por la DPYC tiene que pasar por todo un sistema administrativo que a veces no se completa».
La causa por coimas
La Dnass se encuentra además bajo análisis del fiscal Franco Picardi en una causa que investiga un presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20%. Para el fiscal, los procesos de compra de la Dnass tuvieron supuestos «sobreprecios sistemáticos, ausencia de procedimientos administrativos adecuados y prácticas que comprometen la transparencia, eficiencia y legalidad de la gestión pública». El juez federal Ariel Lijo procesó con prisión preventiva a Spagnuolo, a su número dos Daniel Garbellini y al lobista Miguel Ángel Calvete. Spagnuolo está detenido en la cárcel de Ezeiza. La investigación también alcanza a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, a quien los audios difundidos atribuyen el cobro de un 3% de coimas. La Justicia rechazó recientemente el pedido de Spagnuolo para frenar la pericia de los audios.
El mecanismo del «legítimo abono»
La auditoría también observó la utilización de la figura de legítimo abono para pagar bienes o servicios ya entregados o cumplidos sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación. Según el informe, hasta la fecha de corte el organismo continuaba utilizando ese mecanismo y solo se habían iniciado seis procedimientos de compras vinculados con esos servicios.
La auditoría no identificó cuáles fueron los pagos efectuados bajo legítimo abono, pero detalló que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
La causa por los sobreprecios y coimas en la Andis, por la que está procesado Spagnuolo, avanza en la Justicia federal. La semana pasada, el fiscal Picardi convocó a declarar como testigo a Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, quien afirmó públicamente que posee grabaciones que vinculan a Karina Milei con la trama de corrupción. La declaración se realizará por videoconferencia desde Bolivia, donde Beller reside tras el intento de femicidio que le atribuye a Cerimedo.
