El proyecto de Presupuesto 2027 contempló $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclamó $11 billones, una diferencia de $3,7 billones que profundiza el conflicto entre el Ejecutivo y los rectores.
El Gobierno nacional proyectó para las universidades públicas un presupuesto 33% inferior al solicitado por los rectores para 2027. La iniciativa enviada al Congreso contempló $7,3 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó que el sistema necesitará $11 billones. La diferencia asciende a $3,7 billones y profundiza el conflicto entre el Ejecutivo y las autoridades de las casas de estudios.
El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió que los recursos contemplados no garantizarían el normal funcionamiento durante el próximo ciclo lectivo. «Si no logramos que el Congreso introduzca modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027, vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases el año que viene», alertó Bartolacci.
El cálculo de las universidades
El CIN expuso su propuesta ante diputados y senadores nacionales, en representación de las 60 universidades públicas del país. El cálculo de $11 billones incluyó salarios docentes y no docentes, funcionamiento, infraestructura, ciencia y tecnología, becas y hospitales universitarios. Los gastos salariales representan cerca del 90% del presupuesto del sistema. Según las autoridades universitarias, la estimación también incorporó los recursos necesarios para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y actualizar otras áreas afectadas por el incremento de los costos.
Bartolacci explicó que, si el Gobierno hubiera contemplado plenamente el cumplimiento de la normativa vigente, debería haber presupuestado aproximadamente $9,8 billones. El monto solicitado alcanzó los $11 billones al sumar actualizaciones para funcionamiento, infraestructura y programas universitarios.
El Gobierno cuestionó los números del CIN
Desde el Poder Ejecutivo rechazaron el cálculo presentado por los rectores y aseguraron que la cifra resultó «injustificada». Según la postura oficial, la estimación contempló la interpretación salarial de los sindicatos y la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario, pese a que la medida cautelar vigente tendría un alcance más limitado.
El Gobierno sostuvo que el proyecto presupuestario incorporó los efectos de la resolución judicial y una inflación estimada del 18%. También afirmó que se previó un incremento del 20% en las partidas destinadas al funcionamiento de las instituciones. Para el oficialismo, las actividades universitarias estarán garantizadas durante 2027 y la principal diferencia con los rectores se concentra en los salarios. Las autoridades nacionales tomaron como referencia el acuerdo que dispuso una recomposición del 21,3%, más otro 3% previsto para octubre.
Las universidades, en cambio, consideraron que todavía quedaba pendiente una recuperación salarial del 31,2%. Esa diferencia en la forma de calcular los aumentos constituye uno de los principales puntos del conflicto.
La disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario
La controversia también continúa en el ámbito judicial. En diciembre, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick dictó una medida cautelar que ordenó al Ejecutivo cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con actualizaciones salariales y becas. El Gobierno solicitó que la medida fuera levantada, pero el magistrado rechazó el planteo el 1º de septiembre y ratificó su vigencia. Previamente, el 25 de junio, la Corte Suprema había desestimado un recurso presentado por el Ejecutivo, por lo que la cautelar permaneció firme.
El CIN presentó un pedido de pronto despacho al considerar que la resolución judicial no estaba siendo cumplida. Los representantes del Estado, por su parte, aseguraron que los pagos realizados avanzaron en el sentido dispuesto por la Justicia. La cuestión de fondo se concentra en el decreto mediante el cual el presidente Javier Milei promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, pero suspendió su aplicación al argumentar que no se había definido una fuente específica para cubrir los gastos.
El Congreso tendrá la definición
La discusión continuará ahora en la Cámara de Diputados, donde los legisladores podrán introducir modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo. Las autoridades universitarias también presentarán sus estimaciones ante los gobernadores de las provincias donde funcionan las casas de estudios.
El reclamo se produce después de distintas jornadas de protesta impulsadas por la comunidad universitaria para exigir la aplicación de la ley y una actualización de los recursos. Los rectores sostienen que la falta de fondos afectó salarios, becas, infraestructura, investigación y funcionamiento cotidiano. Mientras el Gobierno asegura que el presupuesto garantizará la actividad en 2027, el CIN advierte que los recursos resultarán insuficientes. La resolución dependerá de la negociación parlamentaria y de las decisiones que adopte la Justicia sobre el cumplimiento definitivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
