El fiscal federal Franco Picardi solicitó que Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, declare como testigo en la causa que investiga las coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad, tras afirmar públicamente que posee grabaciones que vinculan a Karina Milei con la trama de corrupción.
La causa sobre las coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vuelve a tomar envión con un pedido del fiscal Franco Picardi para que declare como testigo Nadia Beller, víctima de intento de femicidio por el que está preso en Bolivia Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei en la campaña de 2023.
La mujer había dicho después del atentado que tiene grabaciones y mensajes en los que el consultor libertario hablaría de hechos de corrupción del gobierno de Milei y que particularmente estaba involucrada su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Dijo incluso que Cerimedo y quien era su esposa, Natalia Basil, habían filtrado los audios de Diego Spagnuolo que describían el reparto de fondos y coimas del organismo, entre ellos el supuesto 3% para la secretaria de la Presidencia y otro tanto para Eduardo «Lule» Menem.
Beller ya dijo públicamente que está dispuesta a dar testimonio de todo lo que sabe. Relató en entrevistas que comenzó a grabar en un momento en que sintió desconfianza. Por eso serían conversaciones donde hablan de su relación e infidelidades, pero habría alusiones a otros asuntos —dice ella— como negocios sucios dentro de la administración de Milei. «Fernando me dijo que la hermana de Milei estaba involucrada con la corrupción», afirmó la abogada herida. Según lo que contó hasta ahora, el alejamiento de Cerimedo del gobierno de Milei se produjo con la filtración de las grabaciones que pusieron la trama sobre el tapete.
El pedido del fiscal Picardi
La solicitud de Picardi para que declare Beller ya está en Bolivia. Fue dirigida a la Fiscalía General del Estado Plurinacional y está fundada en sus expresiones en diversas entrevistas en las que dijo tener información que podría ser útil para el caso ANDIS. Pide a sus colegas que le faciliten condiciones de espacio, logística y tecnología para poder hacer una audiencia por videoconferencia y que todo quede adecuado a su situación actual de salud. Pide la presencia de autoridades de la Fiscalía General boliviana, de manera presencial, cuando dé su testimonio. Todavía no hay una fecha establecida, que tendrán que coordinar entre los funcionarios de ambos países.
Para explicar por qué es necesario que Beller declare, Picardi alude a diversas entrevistas periodísticas en las que ella afirmó tener información y evidencia relacionada con la trama en la ANDIS. Los dos conceptos claves son las referencias de la abogada a que tiene grabaciones en su poder que podrían contener evidencia y que Cerimedo le habló del papel de Karina Milei y de los audios. «Fernando me dijo que los audios eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune. Que su mujer (Basil) no era corrupta y que por eso inmediatamente ella renunció», fue una de las tantas cosas que dijo. También hay referencias a su intento de femicidio, por el que ella acusa a Cerimedo y que atribuye esencialmente a la advertencia de que lo iba a denunciar por violencia de género, por agresiones previas.
El fiscal invoca el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los estados partes del Mercosur, Bolivia y Chile, la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la de Naciones Unidas sobre la misma materia.
El vínculo de Cerimedo con Milei
Fernando Cerimedo fue una figura clave en la campaña digital que llevó a Javier Milei a la presidencia en 2023. A través de su agencia Numen, constituida en 2021 junto a su esposa Natalia Basil, apuntaló la estrategia de comunicación del libertario. Ese esfuerzo rindió frutos: Basil pasó a ser directora en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) hasta que tuvo que renunciar en medio del escándalo de los audios de Diego Spagnuolo.
Los registros de acceso a la Casa Rosada revelan que Cerimedo ingresó al menos 13 veces entre diciembre de 2023 y junio de 2024, dos de esas visitas con destino a la Secretaría General de la Presidencia, área conducida por Karina Milei. Sin embargo, el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que «el Presidente mantuvo contacto hasta 2023 y los primeros meses de 2024», pero afirmó que actualmente no existe ningún vínculo. Milei, por su parte, declaró en una entrevista radial: «Es alguien que no forma parte del espacio, que no tiene vínculo con nosotros de ningún tipo y que dejamos de vincularnos en el 23».
La relación entre Cerimedo y el Gobierno se deterioró a partir del escándalo de los audios de Spagnuolo. Según fuentes oficialistas, los vínculos se dinamitaron por completo después de que estallara la polémica en la ANDIS, cuando Natalia Basil, entonces pareja de Cerimedo, era funcionaria de esa dependencia.
La declaración de Cerimedo como testigo
Cerimedo declaró en septiembre del año pasado ante el fiscal Picardi en la causa ANDIS como testigo, cuando nadie imaginaba lo que sucedería después. En aquel entonces, confirmó que Spagnuolo le había dicho a él lo mismo que se escuchaba en los audios filtrados que dio a conocer Carnaval Stream. Ratificó entonces que las droguerías aportaban una coima del 8% sobre lo que facturaban, que el 3% «iba a la Casa Rosada» y que Lule Menem se llevaba «un palo (dólares) por mes». Spagnuolo decía que se lo había dicho todo a Milei y antes también a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Entre algunas precisiones, Cerimedo dijo que, según Spagnuolo, cuando una de las droguerías se quejó por el aumento de la coima al ocho por ciento, él contestó que «le bajaron la línea de que no se meta». La causa no avanzó hasta ahora en esta línea. Sobre los audios en particular —que no se utilizaron como prueba para las indagatorias y procesamientos dictados hasta ahora—, Spagnuolo mantiene una cruzada con el objetivo de invalidarlos y, en definitiva, de invalidar el expediente. El peritaje de esas grabaciones está en marcha, por orden de la Sala II de la Cámara Federal.
La situación de Cerimedo en Bolivia
El consultor fue trasladado este martes a la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, el único penal de máxima seguridad de Bolivia, que está a 4000 metros de altura. En esa jurisdicción tramita una de las causas contra Cerimedo, la vinculada con su presunto enriquecimiento ilícito. Le encontraron 100.000 dólares en efectivo y comprobantes de transferencias por 400.000, pero se estima que movía mucho más dinero. Para la fiscalía, esas sumas no se condicen con trabajos de consultoría.
La causa por el intento de femicidio tramita en Santa Cruz de la Sierra. Pero las investigaciones por aparentes negociados adquieren fuerte peso. En La Paz, además, es la sede del gobierno nacional. A Cerimedo se le adjudican manejos en esta administración, junto con la esposa del presidente Paz y la hija del mandatario. Están en las maniobras con el mercado de los combustibles y el oro, pero también hay sospechas de alguna participación o cobertura a acciones ligadas al narcotráfico.
La trama de la ANDIS
El fiscal Picardi dio por probado el armado de un esquema discrecional para la contratación de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia a favor de un pequeño grupo de droguerías y empresas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. Participaron personajes ajenos a ANDIS —pero como si formaran parte— en el reparto de contratos y pagos; los funcionarios recibieron «beneficios indebidos» y maniobras, se sospecha, de blanqueo. Se detectaron sobreprecios de 2000% en medicamentos y 4000% en insumos (sillas de ruedas, ortopedia, aparatología).
En el exhorto enviado a Bolivia, la fiscalía, que tiene delegada la investigación, explica que en lugar de cumplir con su mandato institucional de diseñar políticas inclusivas y garantizar el acceso a prestaciones de salud, la ANDIS funcionó como un centro de operaciones para canalizar pagos ilegales a determinadas empresas que a la vez hacían acuerdos entre sí para distribuir ganancias, además de lo que recaudaban algunos funcionarios.
En la causa ya hay 19 personas procesadas, entre ellos Spagnuolo, su número dos Daniel Garbellini y el lobista Miguel Ángel Calvete, y podrían quedar en la misma situación otras tantas tras una segunda tanda de indagatorias. Los delitos en juego son asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada, cohecho y lavado de activos. Son 49 hasta ahora los exfuncionarios y privados investigados.
