Alejandro Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera e imputado como «recaudador» en la Causa Contratos, se presentó este miércoles en la sede de Gendarmería Nacional tras enterarse de que la Justicia había ordenado su detención por violar la prohibición de salir de Paraná y residir en la Triple Frontera desde hace seis años.
El Ministerio Público Fiscal solicitó esta semana el pedido de detención de Alejandro Almada, uno de los imputados en la denominada Causa Contratos, tras detectar su ausencia de la ciudad de Paraná. La investigación determinó que Almada, de 41 años, residía desde hacía años en la zona de la Triple Frontera —específicamente en Puerto Iguazú, Misiones, y en la localidad brasileña de Foz do Iguazú—, pese a haber fijado domicilio en la capital entrerriana ante la Justicia.
Para confirmar su paradero, la Fiscalía solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones un informe sobre sus salidas y regresos al país. El registro reveló cientos de cruces fronterizos sin autorización judicial: 216 salidas a Foz do Iguazú desde enero de 2020, más de mil días en Brasil y numerosos viajes internacionales a destinos como la nieve, playas, el Coliseo Romano y la Torre Eiffel, documentados en redes sociales junto a su pareja, Micaela Banegas.
Con esta información, la jueza de Garantías Marina Barbagelata ordenó el arresto de Almada. Aunque la medida debía mantenerse en secreto ante el posible peligro de fuga, la información se filtró y generó un episodio tenso en Tribunales, donde un familiar reclamó por el pedido de detención. El propio Almada decidió presentarse voluntariamente en la sede de Gendarmería Nacional durante la noche del miércoles. Se espera que en las próximas horas sea trasladado a Paraná, donde la Fiscalía solicitará su prisión preventiva hasta la finalización del juicio oral, que aún no tiene fecha de inicio. En la etapa de remisión, el Ministerio Público anticipó una pretensión punitiva de 10 años de prisión para él.
El rol de Almada en la estructura
Según la acusación de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, Alejandro Almada era el «recaudador» de la organización ilícita que operó en la Legislatura provincial entre 2008 y 2018, desviando aproximadamente 53 millones de dólares mediante contratos de obra simulados a nombre de personas que nunca trabajaron para el Estado. La jueza Barbagelata envió a juicio oral a 18 acusados en julio pasado, entre ellos Almada, quien ingresó a la Cámara de Diputados como empleado administrativo mientras su cuñado Juan Pablo Aguilera —a su vez cuñado del exgobernador Sergio Urribarri— ocupaba un cargo en la planta del Senado. Ambos habrían sido los recaudadores del sistema de contratos apócrifos.
El vínculo familiar le habría reportado beneficios significativos a Almada y su entorno. Su padre, el comisario Héctor Luis «Pitín» Almada (fallecido), fue exonerado por facilitar la fuga del exoficial Carlos Balla, pero Urribarri decretó su perdón y reingreso con el rango de comisario mayor. El propio Alejandro Almada fue nombrado por decreto como agente auxiliar de la Policía de Entre Ríos en 2006, sin curso previo ni paso por la Escuela de Suboficiales.
Las inversiones en la Triple Frontera
Junto a su pareja Micaela Banegas, Almada mantiene sus bienes inhibidos por la Justicia. Sin embargo, habrían realizado importantes inversiones en negocios y empresas a nombre de la mujer, entre ellas un bar con autos de colección, en lo que los investigadores consideran podría ser la ruta del dinero de los contratos y el posible lavado de activos. La investigación del Ministerio Público Fiscal, en esta causa y en otras como la de enriquecimiento ilícito del exgobernador Urribarri, logró identificar gastos e inversiones que podrían explicarse en parte con esta defraudación. El libro La banda de los contratos, de Daniel Enz, también mencionó inversiones inmobiliarias posiblemente vinculadas a esta fortuna ilícita.
La Causa Contratos
La causa conocida como «Contratos truchos» investiga el presunto desfalco de alrededor de 53 millones de dólares de las arcas públicas entrerrianas entre 2008 y 2018. La maniobra consistía en la firma de más de 700 contratos de obra con personas que no prestaban servicios al Estado, quienes recibían una ínfima parte de los honorarios mientras el resto era desviado hacia la organización. Los contratos comenzaron en el Senado en 2008 con montos de 4.500 pesos y alcanzaron los 50.000 pesos por contrato en 2018. En la Cámara de Diputados, la actividad ilícita se inició en 2011.
La causa, que originalmente contaba con 32 imputados, se redujo a 18 tras las probation acordadas por 12 implicados y el sobreseimiento de otros. La jueza Barbagelata validó las reformulaciones de los hechos presentadas por los fiscales Yedro y Aramberry y envió a juicio oral a los acusados restantes en julio pasado.
