Según Techo, la mayoría de los asentamientos está al lado de un arroyo, una vía de alto tránsito o un basural; la urbanización diluye la posibilidad de accidentes y los problemas para la salud
El más frecuente es la cercanía a una rivera o canal, seguido por la proximidad a un camino de alto tránsito, basural, pendiente, líneas de tren, torres de alta tensión, entre otros. Esto pone en peligro la calidad de vida de los vecinos y, en algunos casos, hasta los lleva a la muerte.
Según el Gobierno, en Argentina hay 6300 villas y asentamientos, donde viven entre 12 y 14 millones de personas. Desde la subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación, afirman que su plan de urbanización es la mejor respuesta a esta realidad.
Paola Palacio tiene 34 años y desde hace nueve vive en el barrio Agustoni, en Pilar. En ese asentamiento atravesado por el arroyo que le dio nombre, en algunas casas de material y muchas casillas de chapa y madera viven unas 1100 familias.
«Cuando llueve mucho se inunda todo: a mí me llegó a tapar hasta la mitad del cuerpo y tuvimos que movernos en canoas», cuenta Paola mientras señala el arroyo, un desprendimiento del río Luján de color verdoso y en cuyos márgenes se acumula la basura. «Cuando sube a causa de las sudestadas no sólo agarra las casas aledañas, sino que remueve todo a su paso: incluso saca lo de los pozos ciegos, porque acá no hay cloacas», agrega.
Las calles son de tierra y no entran los remises, ni las ambulancias ni los camiones de basura. «Acá no hay servicios. Somos contadas las personas que tenemos medidor de luz y la mayoría de la gente está enganchada. El gas es envasado y el agua, de pozo», describe Paola, que trabaja como empleada doméstica en un country de la zona y es mamá de dos hijos adolescentes.
«El que no haya conexión formal a la red eléctrica es un riesgo grande. Hace unos años se inundó y un hombre murió electrocutado.»
Los vecinos de Agustoni no son los únicos para quienes vivir en peligro forma parte de su cotidianeidad. «Muchos asentamientos informales están cerca de lugares que afectan la vida diaria, ya sea poniéndola en riesgo en el corto plazo o afectando la salud en el largo», explica Florencia Yaccarino, directora del relevamiento.
De acuerdo con el informe de Techo, la precariedad en las instalaciones eléctricas aumenta el riesgo de cortocircuitos, incendios y accidentes que pueden resultar fatales; mientras que las conexiones irregulares a la red de agua o cloacas pueden producir secuelas muchas veces irreversibles en la salud.
Pablo Vitale, coordinador del área Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), coincide con que los habitantes de las villas y los asentamientos están permanentemente en peligro por la proximidad «a lugares dramáticos». «Un caso es el de los que están en la vera de la cuenca del Riachuelo, donde sufren graves problemas de contaminación, pero hay otros como el de la villa 20 de Lugano, en cuyo borde había un deposito de autos del Poder Judicial que generó que muchos chicos tuvieran alto plomo en sangre», ejemplifica.
Destaca que estos barrios suelen surgir en sitios que no estaban pensados como zonas residenciales por los riesgos vinculados a las condiciones ambientales, pero que a medida que la ciudad se fue expandiendo se incorporaron a la misma con ese uso.
Sin servicios
Para Marina Klemensiewicz, subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación, los factores de riesgo que están presentes en el 99% de los asentamientos son los vinculados a la precariedad de las viviendas y al déficit en el acceso a los servicios públicos como el agua y las cloacas. «Esto afecta a indicadores de la salud fundamentales e incide sobre la mortalidad infantil», aclara.
Y agrega: «Eso es lo que estamos atacando con el Plan Integral de Hábitat y Vivienda, que es muy ambicioso. El presupuesto que recibí el año pasado fue de 690 millones de pesos y ejecutamos más de 5000 millones: esto demuestra que es una decisión de Estado. Estamos con 477 intervenciones integrales en todo el país, llevando agua y cloacas, entre otras cosas». Esto comprende la urbanización de las 381 villas y asentamientos informales considerados como más complejos para que sean convertidos en barrios.
Vitale cuenta que, desde la ACIJ, impulsaron varias causas judiciales por déficit en la prestación de servicios públicos. «Por ejemplo, en la villa 21-24 de Barracas tenemos una causa por riesgo eléctrico y en la villa 31 de Retiro otra por riesgo sanitario por el déficit en la provisión de agua.»
Paola advierte: «En Agustoni se incendiaron casas, y el pasado enero, a causa de una tormenta, se cayeron todos los postes de luz de una cuadra: llamamos para hacer el reclamo, pero a los vecinos sin medidor no se lo tomaban. Finalmente vino Defensa Civil, porque los postes tenían mucha tensión. Por suerte esa vez no pasó nada, pero el riesgo siempre existe».
Desde Techo, destacan que se registran muy pocos avances del relevamiento realizado en 2013 al del año pasado. Si bien muchas familias mejoraron su acceso a los servicios básicos u obtuvieron el título de propiedad, sostienen que estas mejoras son insuficientes. «Las políticas de vivienda y hábitat vigentes están por detrás de la problemática», dice Virgilio Gregorini, director ejecutivo de la organización.
Vitale coincide: «Las mejoras van muy rezagadas respecto del crecimiento poblacional de los barrios. Ahí el agua llega con baja presión, la gente la acumula y eso es un foco para el dengue. Si bien en los últimos años hay una decisión más clara de mejorar las condiciones habitacionales a través de la prestación de servicios e infraestructura, debería haberse tomado hace tiempo».
Para saber más
Techowww.techo.org.ar
ACIJwww.acij.org.ar
