A partir de este jueves, quienes decidan visitar Venecia durante el día deberán pagar una tarifa de 5 euros (US$5,34).
La medida, que convierte a la ciudad italiana en la primera urbe del mundo en cobrarles una entrada a sus visitantes, fue impuesta como parte de un esfuerzo para lidiar con el turismo excesivo.
La entrada –que solo se requiere para acceder al centro histórico de la ciudad- se puede se puede adquirir por internet.
Una web genera un código QR descargable que certifica que se ha pagado la entrada y esta debe mostrarse a las autoridades locales que realizan controles aleatorios.
Los turistas que no paguen la tarifa se enfrentarán a multas de entre 50 y 300 euros (US$54 y US$320).
Quienes residan en la ciudad, viajen por trabajo, estudiantes y menores de 14 años están exentos, al igual que los turistas que pasen la noche en la ciudad.
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Período de prueba
Este es solo un proyecto piloto que se aplicará durante 29 días (principalmente los fines de semana, cuando hay más visitantes), y que se extiende hasta el 14 de julio.
Si bien la tarifa es moderada y el sistema no impone un límite de visitantes al día, las autoridades municipales esperan que sirva para disuadir a algunos de los turistas que abarrotan las calles y puentes de la ciudad.
La isla principal de Venecia, donde se aplica la medida, atrajo a 3,2 millones de visitantes que pernoctaron en ella en 2022.
En los días de mayor actividad, cerca de 40.000 visitantes llegan a la ciudad.
Protestas
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El influjo excesivo de turistas, además de los inconvenientes que trae tanto para los residentes como para los mismos visitantes, está ejerciendo presión sobre la infraestructura de la ciudad.
Y, al igual que otros sitios muy visitados como Lisboa o Barcelona, está empujando a los venecianos a mudarse debido a la falta de viviendas asequibles, ya que los propietarios prefieren los alquileres de estancias cortas que generan ganancias altas.
La imposición de la tarifa no fue bienvenida por muchos residentes y asociaciones vecinales que salieron a protestar apenas entró en vigor, argumentando que la medida no sirve para resolver el problema.
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