El 30 de junio de 2005, una empleada del área Tesorería de la Municipalidad de Gualeguachú se dio cuenta de una serie de irregularidades en las cuentas municipales, e inmediatamente dio aviso a sus superiores.
Al día siguiente, el entonces intendente Daniel Irigoyen, realizó la denuncia para que se investigara el hecho que afectaba directamente al dinero de los contribuyentes.
Este fue el comienzo de un hecho que terminó transformándose en una de las causas de desfalco más importantes que se registran en los municipios entrerrianos.
Los imputados fueron el entonces tesorero municipal, Ángel José Giménez, por peculado en 91 hechos; Néstor Pérez, entonces Secretario de Hacienda, por malversación culposa reiterada; por el mismo cargo, el entonces Intendente Municipal, Daniel Irigoyen; y el contador Pedro Pomés, por omisión de deberes del cargo.
En aquel caso, el eje de las sospechas fue el contador municipal. El profesional era un hombre de carrera que se encargaba de encubrir movimientos bancarios y dibujar balances. Terminó siendo el único culpable del faltante de unos 3 millones de pesos de aquel tiempo, investigado, juzgado y condenado a 7 años y medio de prisión por peculado, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Seguridad en las cuentas municipales
Si bien no son casos frecuentes, 18 años más tarde, se vuelve a comprobar que los mecanismos de seguridad de las cuentas municipales siguen dejando huecos susceptibles de accesos de diferente tipo, de forma manual y casi artesanal, como en aquel entonces en Gualeguaychú, o digitales a través de claves de acceso, como todo indica que fue el caso del robo en la municipalidad de Concepción del Uruguay.
En todo caso, se trata del mismo tipo de accionar que termina afectando dineros públicos en cifras de importancia millonaria.
La investigación del faltante de más de 20 millones de pesos de las cuentas del municipio de Concepción del Uruguay está en su etapa inicial.
Las autoridades municipales se afirman en la hipótesis de un desconocido externo que accedió a las claves municipales para ingresar y operar dentro de las cuentas bancarias de la comuna. Por su parte, la Justicia, que es quien lleva adelante la investigación, aún no se ha pronunciado respecto de los detalles sobre el recorrido digital del robo.
El peritaje de la investigación sobre las cuentas destino, y la identificación de cada uno de los depositarios de las transferencias realizadas, acercaría la posibilidad de recuperar el dinero faltante.
Ese hecho marcaría un avance respecto de otros robos similares, donde ha resultado prácticamente imposible la recuperación del faltante.
Los procesos de seguridad informática para trámites bancarios buscan permanentemente subir el nivel de exigencias y controles para confirmar que los usuarios que acceden a las cuentas sean verdaderamente quien dicen ser, sin embargo, miles de personas siguen siendo víctimas de estafas telefónicas, engaños realizados personalmente, o accesos ilegales a sus teléfonos o computadoras, que permiten a los ladrones obtener las claves de acceso para ingresar al sistema bancario y operar sin restricciones dentro de las cuentas.
