Reforma laboral, en su etapa más complicada: el marketing

La reforma de las condiciones laborales que impulsará el Gobierno luego de las elecciones del domingo comenzó, puertas adentro, por uno de los aspectos políticamente más importantes: el marketing. Más específicamente, cómo se presentarán ante la sociedad poselectoral los cambios en los regímenes laborales que sectorialmente se comenzarán a lanzar antes de fin de año. El macrismo desplegó la misión a los ministerios que tendrán la tarea de defender las modificaciones en el mercado de trabajo argentino; de presentarlo como un proyecto positivo y optimista, alejándolo de la visión pesimista y traumática con que lo está exponiendo la oposición. Para esto el primer paso es trabajar en un costado algo frívolo pero, creen en el oficialismo, fundamental: el nombre que tendrá la reforma. La resolución del dilema viene, por ahora, por la negativa. No se utilizarán frases gastadas por el pasado político y económico del país que refieran más a desgracias que a expectativas positivas. Así entraron a papelera de reciclaje definiciones como la mismísima «reforma laboral», «movilización laboral» y, sobre todo, «flexibilización laboral», considerada como la más piantavotos de todas. Por ahora, el bautismo que viene en punta es el de «proyectos sectoriales de modernización de las condiciones productivas».
La segunda definición es más de fondo: la manera en que se buscará el apoyo crítico para que la sociedad termine avalándola y, piensan en el Gobierno, arrastrando luego a la clase política a que la acepte de hecho. Corre el Gobierno con una ventaja. Las modificaciones no necesariamente deberían impulsarse vía cambios complejos y desgastantes en las leyes vigentes. Como la idea del oficialismo es impulsar cambios en rubros laborales específicos, los acuerdos sólo deberían negociarse entre los funcionarios, las cámaras empresariales o las compañías de manera directa y los sindicatos del sector. Eventualmente, y como invitados secundarios, podría sentarse a la mesa algún gobernador que no imponga mayores cuestionamientos a lo que los privados ya hayan arreglado. El acuerdo modelo es el que se firmó en enero pasado entre las petroleras y el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, para destrabar la explotación de Vaca Muerta, y que negoció el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Para el Gobierno, el titular del gremio, Guillermo Pereyra, es quien más entendió los «tiempos que corren» al firmar el tratado por el cual se les permite a los trabajadores cierto nivel de flexibilidad laboral. Pereyra había asegurado: «Si nos mantenemos rígidos, no va a venir nadie a sacar el petróleo y el gas bajo tierra». Además, negó que el nuevo convenio implicara «precarización laboral» y que había que aceptar un «nuevo paradigma» para las explotaciones tradicionales. En el macrismo se le reconoce a Pereyra que además de haber defendido el acuerdo desde el primer momento, también lo sostuvo a rajatabla, aún ante la presión de gran parte del peronismo para que lo denuncie y abandone antes de las PASO, como ejemplo de la «flexibilización laboral» que se vendría si el Gobierno vence de las elecciones del domingo.
El ejemplo de los petroleros debería ser seguido en aquellos rubros donde el crecimiento supere el concepto de «brotes verdes» y sea una realidad innegable. Será en actividades que tengan alto nivel de demanda laboral y donde la representación sindical no sea altamente combativa, tenga bajo nivel de afiliación o sea más permeable al diálogo. Al menos en un primer momento no habrá avance en un capítulo clave de la flexibilización laboral a la brasileña. Es el que les permite a los afiliados de un sindicato abrirse de éste y formar uno nuevo dentro de la compañía.
Los primeros sectores que están en la mira para avanzar son los de la «nueva economía» o los unicornios; junto con los sectores tecnológicos. Suponen, con cierta información, desde el Gobierno, que los trabajadores de estos rubros son los de mayor permeabilidad a los cambios laborales que se busca implementar, especialmente en lo que implica la movilidad de los puestos de trabajo y a la demanda de nuevos empleados. La intención es mostrar que modificando estructuras actuales «anquilosadas», en poco tiempo el Gobierno podría hacer ver a la sociedad que la mala imagen de la flexibilidad laboral es un mito, y que en realidad se trata de un mecanismo válido para reducir costos y aumentar la capacidad productiva de las empresas. Y, en un segundo momento, para conseguir mejoras en el poder adquisitivo de los empleados. La elección de los unicornios y las de las nuevas tecnologías no es azarosa. Son rubros donde hay una alta demanda de trabajadores y que cualquier movimiento de puestos y condiciones de trabajo no implicará una caída en la calidad de esas vacantes, sino todo lo contrario. Luego el ejemplo se mostraría ante la sociedad, para convencer que el camino no es un peligro para la demanda laboral.