La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por la presunta deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia.
La orden de arresto también incluye a la comisionada rusa para los derechos del niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova.
Es poco probable que los acusados sean extraditados, porque la CPI no tiene poderes para detener a los sospechosos y sólo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo. No es el caso de Rusia.
Sin embargo, el fiscal de la CPI, Karim Ahmad Khan, no da por perdido el proceso.
Aquellos que creen que pueden «cometer un crimen durante el día y dormir bien por la noche, quizá deberían mirar a la historia», dijo.
En entrevista con la BBC, Khan puso el ejemplo de tres líderes que nadie pensaba que acabarían en La Haya y que fueron juzgados por tribunales internacionales.
Slobodan Milosevic
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El expresidente de Serbia, Slobodan Milosevic, se convirtió en el primer Jefe de Estado europeo en ser acusado de genocidio y crímenes de guerra.
Fue detenido en 2001 por orden del primer ministro serbio Zoran Djindjic, quien luego sería asesinado (13 de marzo de 2003).
Se enfrentaba a tres acusaciones por atrocidades cometidas en Kosovo, otra por crímenes en Croacia y una tercera por genocidio en Bosnia (1992 y 1995).
Las tropas de Milosevic dejaron más de 200.000 muertos en Bosnia y 2 millones de personas sin hogar, además de realizar una limpieza étnica de albaneses en Kosovo.
También se le atribuyó una presunta connivencia en la masacre de más de 7.000 varones musulmanes en Srebrenica en julio de 1995.
Milosevic fue hallado muerto en su celda en La Haya el 11 de marzo de 2006, antes de que pudiera concluir su juicio.
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Charles Taylor
El expresidente de Liberia, Charles Taylor, recibió una condena de 50 años de prisión en un tribunal de crímenes de guerra de La Haya respaldado por la ONU.
Taylor fue declarado culpable de ayudar, armar e instigar a los rebeldes de Sierra Leona durante la guerra civil de 1991-2002.
Según los jueces, los rebeldes fueron responsables de decenas de miles de asesinatos y violaciones.
Una atrocidad característica de los rebeldes que invadieron Sierra Leona en la década de 1990 era cortar miembros con un machete o un hacha.
A Taylor se le atribuyeron 11 cargos, entre ellos terror, asesinato, violación y el uso de niños soldados Pero el tribunal respaldado por las Naciones Unidas consideró que su influencia no alcanzaba la responsabilidad de mando.
La fiscalía del Tribunal Especial para Sierra Leona pedía una pena de 80 años de prisión, que la defensa consideró excesiva.
Al final, Taylor se convirtió en el primer exjefe de Estado declarado culpable por crímenes de guerra en una corte internacional desde los juicios de Nuremberg contra los nazis.
Charles Taylor cumple su condena en Reino Unido.
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Félicien Kabuga
El 29 de agosto de 1998, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda acusó al empresario Félicien Kabuga por genocidio.
Pero el acaudalado empresario burló durante más de dos décadas y media a los fiscales del tribunal, utilizando 28 alias y poderosas conexiones en dos continentes para eludir su captura.
En mayo de 2020, finalmente fue detenido en París.
Los fiscales afirman que Félicien Kabuga colaboró con los escuadrones de la muerte en la matanza de tutsis y utilizó una emisora de radio para incitar al odio contra ellos.
Unos 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados en el genocidio de Ruanda.
Kabuga está acusado de crear lo que los fiscales han descrito como el arma más poderosa en la ejecución del genocidio: una emisora de radio que se utilizó para movilizar a un grupo étnico, los hutus, para que se alzaran en armas contra los tutsis.
Se alega que la emisora de radio emitió mensajes de odio, describiendo a los tutsis como «cucarachas».
También se le acusa de adquirir machetes y proporcionárselos a escuadrones de la muerte para realizar matanzas.
Se espera que los fiscales llamen a declarar a más de 50 testigos en un juicio que podría durar años.
Los supervivientes del genocidio han pedido una justicia rápida, temiendo que pueda morir bajo la presunción de inocencia.