Mientras se esfuerza en evitar una desbanda de los partidos que integran la alianza de gobierno, el presidente brasileño Michel Temer reiteró hoy que no renunciará porque hacerlo sería admitir su responsabilidad en el escándalo de sobornos de la empresa JBS y, desafiante, advirtió que deberán destituirlo para que deje el Palacio del Planalto.
«Yo no voy a renunciar. Si quieren, que me derriben, porque si yo renuncio sería una declaración de culpa», resaltó el cada vez más acorralado mandatario en entrevista al diario Folha de São Paulo.
Anoche, en búsqueda de una demostración de fuerza, Temer se reunió con sus ministros y algunos líderes de los partidos políticos que forman la coalición gubernamental. Originalmente se había convocado a una cena con todos los integrantes de la alianza, pero ante la baja adhesión, el presidente la canceló y en su lugar organizó un encuentro informal.
Por ahora, los dos principales socios del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y el Demócratas (DEM), garantizaron su respaldo al atribulado mandatario. Su postura está condicionada a lo que pasado mañana decida el Supremo Tribunal Federal (STF), a quien Temer le solicitó suspender la investigación que inició la semana pasada la Procuraduría General de la República (PGR) por intento de obstrucción de la Justicia, corrupción pasiva y asociación ilícita.
El nuevo escándalo político que sacude a Brasil y amenaza su recuperación económica después de la peor recesión de su historia, comenzó el miércoles pasado. Entonces, el diario carioca O Globo reveló que los empresarios Joesley Wesley Batista, dueños de JBS, la mayor procesadora de carne del mundo, investigados en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato, llegaron a un acuerdo de delación premiada con la PGR para entregar a cambio pruebas contra el presidente y otros políticos aliados. Los hermanos Batista entregaron a la Justicia una grabación registrada clandestinamente el 7 de marzo en la residencia de Temer, en la que el mandatario parecía dar el aval a sobornos y otras irregularidades cometidas por JBS.
En el comprometedor audio se escucha a Joesley Batista contarle a Temer sobre los millonarios pagos realizados al condenado ex titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para evitar que colaborara con la Justicia y brindara detalles de los ilícitos cometidos dentro de su partido, el PMDB. Cunha fue el principal instigador del polémico impeachment a Dilma Rousseff el año pasado, que llevó finalmente al poder a Temer, su vicepresidente.
Desde entonces, el mandatario ha declarado su inocencia y acusado a los Batista de adulterar la grabación, ahora bajo peritaje de la Policía Federal. El sábado, Temer solicitó al STF que suspenda la investigación de la PGR en su contra hasta que se compruebe si el audio fue o no manipulado. Y ha intentado mantenerse firme, buscando dar una imagen de que todavía puede garantizar la gobernabilidad.
«Se creó un clima que permea esta entrevista de que va a ser un desastre, de que Temer está perdido; yo no estoy perdido», subrayó a Folha. «Voy a revelar fuerza política a lo largo de las próximas semanas, con la votación de leyes importantes», agregó y reconoció que el estallido del escándalo «causó un mal a la economía del país», en pleno proceso de recuperación.
Si la Corte Suprema decide mantener la investigación en contra de Temer y los partidos aliados abandonan la alianza, pero igual el presidente se niega a dejar el poder, la próxima oportunidad para forzar su salida se presentará el 6 de junio. Ese día, el Tribunal Superior Electoral (TSE) reanudará el juicio contra la fórmula Rousseff-Temer por presunto financiamiento ilegal de la campaña de 2014. De ser condenada la fórmula, como Rousseff ya fue destituida el año pasado por el Congreso (por manipulación de las cuentas fiscales), sería ahora Temer quien sufra las peores consecuencias con la anulación de su mandato. Pero en la entrevista a Folha ya adelantó que piensa apelar un eventual castigo del TSE.
«Usaré los medios que la legislación me autoriza a usar. Ahora, evidentemente que, si un día hay una decisión transitada y juzgada yo sería el primero en obedecer», dijo.
En caso de vacancia del presidente y el vicepresidente, la Constitución brasileña establece que será el Congreso quien elija a un sucesor por haberse ya pasado la mitad del período presidencial. Asumiría el poder interinamente el titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (DEM), quien en un plazo de 30 días debería convocar a una sesión legislativa de ambas cámaras para escoger al nuevo presidente, quien completaría el mandato actual hasta el 31 de diciembre de 2018.
