En la presentación que se realizó en la sala de periodistas de la Casa Gris, acompañaron a la ministra Romero, el procurador General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge García; el defensor, Maximiliano Benítez; el secretario de Justicia, Pablo Biaggini y el jefe del departamento de Seguridad Informática y Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario, Carlos Salomón.
“Es un sistema de monitoreo dirigido a personas que estando privadas de su libertad van a un arresto domiciliario, a un sistema de libertades graduales y eso a su vez tiene que tener un control respecto a que hacen, donde se mueven, si cumplen con las condiciones de restricción”, subrayó la ministra Romero.
“La provincia ya lo está utilizando, tenemos un importante número de tobilleras electrónicas comprometidas por parte de Nación, porque es un programa nacional”, indicó.
Por su parte, Maximiliano Benítez, sostuvo que desde el Ministerio Público de la Defensa han planteando el uso de las tobilleras como una “solución paliativa” al problema de la superpoblación carcelaria.
“Es sabido es que es necesario hacer una unidad penal nueva en la provincia, pero mientras tanto hay cuestiones paliativas, una de estas es el de las tobilleras electrónicas que es un mecanismo realmente muy seguro y que de aplicarse correctamente, va a permitir que muchos de los internos que están ocupando un cupo en las unidades penales puedan pasar la última parte de su condena en su domicilio, con todas las ventajas que esto causa, no solamente al sistema sino para la reinserción de los internos y con la posibilidad de un monitoreo estricto por parte del Estado”, indicó el defensor Benítez.
“Si a esto le sumamos algo que se está implementando, que es muy beneficioso, como las casas de pre-egreso creo que se pueden sumar un 8 o 10 por ciento de la población penal. Con estas dos alternativas ya estaríamos descomprimiendo en gran medida la población carcelaria”, señaló.
Respecto a las características de los internos que estarían contemplados en este sistema, Benítez explicó: “Pueden ser internos ya con salida, que estén tengan más de 70 años o que padezcan alguna enfermedad. La verdad que es muy seguro y prácticamente es imposible que se pueda violar el sistema sin que el monitoreo lo advierta”.
A tu turno, el procurador General, Jorge García sostuvo: “A nosotros no nos interesa perseguir de cualquier manera sino con respeto de los derechos humanos, más allá que en los últimos tiempos parece olvidarse, nosotros lo reafirmamos, la persecución siempre se hace con la condición de persona del acusado”.
“Entonces estos medios electrónicos son utilísimos pero además preservan la garantía de la persona, no solamente de la victima que ve que su seguridad está garantizada”, sostuvo García.
Articulación con la Justicia
El secretario de Justicia, Pablo Biaggini, explicó que en la articulación con la Justicia, “el protocolo de actuación es muy estricto”.
“Comienza con una evaluación del domicilio, una vez que se constata que reúne los requisitos mínimos, el Servicio Penitenciario informa al magistrado interviniente que el domicilio es apto. A partir de allí se coloca la unidad central que es el punto de georeferencia sobre el que se calibra la pulsera, dentro del radio de metros determinados en el cual la persona va a poder deambular. Una vez realizada esta verificación, se pone en conocimiento al juzgado interviniente para que se realice la utilización efectiva”, señaló.
“Es un sistema que ofrece múltiples garantías y tiene un monitoreo permanente. La pulsera es tan meticulosa y sensible que inclusive alerta de la frecuencia cardíaca de la persona que la utiliza”, agregó Biaggini.
Detalles de la implementación
El sistema de monitoreo electrónico se utiliza para casos de prisión domiciliaria y por requerimiento judicial. Se inicia por pedido de la autoridad judicial quien libra un oficio solicitando servicio.
El centro de monitoreo electrónico, dependiente de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, realiza como primera medida un informe respecto a la viabilidad técnica de la aplicación del sistema, verificando el domicilio indicado por la autoridad judicial y realizando la constatación “in situ” de las condiciones materiales necesarias para lograr su implementación. Dicha verificación se realiza en conjunto con el equipo interdisciplinario del Servicio Penitenciario (psicólogos, trabajadores sociales).
Si el domicilio es apto, la autoridad judicial podrá resolver el pedido de prisión domiciliaria con la implementación del monitoreo residencial.
El siguiente paso es la instalación técnica y activación del dispositivo, que realiza el Departamento de Seguridad Informática del Servicio Penitenciario. Una vez concluida esta etapa, se comunica a la autoridad judicial que el detenido ya está siendo monitoreado.
El Centro de Monitoreo cuenta con personal especializado con dedicación las 24 horas del día, los 365 días del año.
