Las grandes lineas del proyecto oficial están casi consensuadas. Se negocia eliminar cambio clave en la definición de “trabajo”. Quedarán en el proyecto cambios en rubros para calcular las indemnizaciones.
El Gobierno y la CGT se encaminan a un rápido acuerdo en torno de las grandes líneas del proyecto oficial de reforma laboral para facilitar su tratamiento en sesiones ordinarias durante diciembre. La casi segura eliminación de un cambio en el concepto de «trabajo» que introducía la iniciativa original y que para los gremios amenazaba toda la estructura de la legislación protectora de los derechos de los trabajadores, y la decisión de la central sindical de no dilatar negociaciones de las que pueden obtener más beneficios desde adentro suman a un combo que hoy mismo puede exhibir más entendimientos que diferencias entre las partes. Las discusiones continuarán esta tarde en el Ministerio de Trabajo en el plano técnico, con una previa entre abogados de los gremios y dirigentes de la «mesa chica».
Los motivos para el acercamiento pueden resumirse en uno técnico y otro político: en el primer aspecto, los funcionarios admitieron que será factible eliminar del texto del proyecto el párrafo que le agregaba a la noción de «trabajo» un concepto que tendía a poner en un pie de igualdad a trabajadores con empleadores, y que si bien podía no tener efectos inmediatos las posibles repercusiones en los tribunales laborales amenazaban con desarticular toda la jurisprudencia -nacional e internacional- que señala al contrato de trabajo como una relación entre desiguales, y por tanto con una carga mayor de responsabilidades por parte del empresario y más garantías y derechos a favor del asalariado.
En el plano político tanto el Gobierno como la CGT admiten que esa discusión bilateral es el mejor de los escenarios posibles a partir de la presentación del proyecto de ley. De otro modo, los sindicalistas sospechan que Mauricio Macri buscaría aprovechar el envión favorable que tuvo en las urnas para someter directamente el texto al debate parlamentario y al paquete de acuerdos con los gobernadores. Y se suma un factor que las dos partes temen: la asunción de Cristina de Kirchner como senadora, con una previsible hegemonía de la atención pública en torno suyo en caso de estar vigente para entonces la discusión parlamentaria.
La dirigencia de Cambiemos y de la central obrera coinciden en dar por sentado que la expresidenta terminaría por correr a ambos por izquierda con razones difíciles de rebatir por parte de los gremialistas sin ser señalados ante la opinión pública. En cambio, al facilitar el debate y promover cambios para su tratamiento en el Congreso en diciembre creen que podrán neutralizar las objeciones como eventuales facilitadores de una flexibilización laboral.
Ayer Héctor Daer, triunviro de CGT, alternó críticas y valoraciones positivas sobre el proyecto. Admitió por Radio El Mundo que contiene iniciativas «positivas» como el blanqueo laboral y las prácticas de formación profesional, y que no se puede comparar con la aplicada en Brasil, pero señaló que se trata de «un texto muy lejano a toda la doctrina del Derecho Laboral en la Argentina» y ratificó que, tal como fue redactado, no será aceptado por el sindicalismo ni por los legisladores. También marcó que, a contramano del discurso de Macri para pedirles a todos los sectores ceder en algo, no se ve en el proyecto qué parte resigna el empresariado.
Además de la eliminación del cambio conceptual sobre el vínculo entre empresarios y trabajadores los funcionarios reconocieron también la posibilidad de introducir modificaciones sobre otros puntos para hacer el texto más digerible para los gremialistas. Por caso, el ítem que restringía la aplicación del criterio de «ius variandi» (modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte del empleador) podrá flexibilizarse, así como el plazo de prescripción para las acciones judiciales contra los empresarios, que hasta ahora es de dos años y que en el proyecto se acorta a un año. De igual modo en Trabajo reconocen que la baja generalizada de contribuciones patronales (además de la eliminación para los primeros 10 mil pesos netos de sueldo se promueve un reducción del 21 al 19% en cinco años) y la suba en sentido contrario para pyme hasta hoy beneficiadas (aumentaría de 17% al 19% en igual plazo) será revisada tras las críticas de los sindicalistas por entenderla irrazonable.
En cambio, cerca de Jorge Triaca identificaron algunos puntos que serán inmunes a las objeciones sindicales. Uno de ellos, la redefinición de «salario» pensada para eliminar de los rubros para calcular las indemnizaciones las horas extra, los premios, beneficios como un vehículo o celular de la empresa o una prepaga o el pago de comisiones o premios. Otro será el cambio en la noción de «irrenunciabilidad» que establece que ningún trabajador puede aceptar condiciones peores en su contrato individual. La eliminación de ese concepto es, para los autores del proyecto, condición indispensable para habilitar el blanqueo laboral que establece una amplia inmunidad penal y administrativa para los empleadores informales.
Y un punto más sobre el que se sostendrá con firmeza el Gobierno: la facilitación de tercerización y subcontratación en algunos rubros dentro de las empresas como limpieza, seguridad, transporte interno, gastronomía o informática. Ese aspecto se incluyó con la mente puesta en Hugo Moyano, que cimentó parte de su poderío en la facultad sindical de accionar contra los empleadores principales por encima de los dueños de las compañías propias de sus rubros de transporte de cargas.
La jornada para los técnicos de la CGT arrancará por la mañana con una reunión en la CGT con los dirigentes de la mesa chica para repasar los puntos centrales de oposición al proyecto. Luego, por la tarde, el equipo de abogados que cuenta con Federico West Ocampo (Sanidad), Alberto Tomassone (Comercio), Marta Pujadas (Construcción), Pablo Smurra (metalúrgicos), Hugo Antonio Moyano (Camioneros), Brenda Escobar (panaderos) y Horacio Ferro (Gastronómicos) se trasladará al piso 18 de la cartera laboral para reunirse con el viceministro de Trabajo, Horacio Pitrau, y con Ernesto Leguizamón, jefe de Gabinete de Triaca. Para el encuentro ya se acondicionó una sala con pantalla gigante y ocho monitores a través de los cuales funcionarios y laboralistas analizarán punto por punto el borrador del anteproyecto.
