El polémico fallo de la Corte Suprema que habilitó el «2×1» para los delitos de lesa humanidad abrió un interrogante sobre cuántos de represores sin condena firme podrían recuperar la libertad en el corto plazo.
Mientras crece la polémica y el rechazo de diversos sectores, dos fiscales pidieron a la Justicia declarar la inconstitucionalidad del fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó el 2×1 en condenados por delitos de lesa humanidad. En este contexto, a dos represores les negaron este viernes el beneficio de la libertad.
Los pedidos de declarar inconstitucional la decisión del Máximo Tribunal llegaron de la mano de los fiscales Ángela Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas y Pablo Parenti, a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado.
Tanto Parenti como Ramos reclamaron, la inconstitucionalidad del beneficio. Ambos advirtieron que si se entendiera que la derogada ley 24.390 abarca también los crímenes de lesa humanidad sería una ley «incompatible» con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de violaciones de los Derechos Humanos.
En tanto, el Tribunal Oral Federal 5 se negó a aplicar el cómputo del 2×1 a los casos de los represores Héctor Girbone y José Luis Magnacco, condenados por robo de bebés en la dictadura, una interpretación que podría ser adoptada por otros magistrados.
El tribunal integrado por Adriana Pallioti, Oscar Hergott, Gabriel Nardello rechazó el planteo que había presentado el exteniente de Campo de Mayo Girbone e hizo lugar al pedido del fiscal Pablo Parenti, quien había dictaminado que el 2×1 era «inaplicable» para condenados por apropiación.
De esta forma, se abrió una ventana para los organismos de derechos humanos, ante la posibilidad de que fiscales y jueces comiencen a distinguir casos y que el precedente sentado por el máximo tribunal en el expediente del represor Luis Muiña no sea aplicable a todos los condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura.
En el caso de Magnacco, fuentes judiciales confirmaron que el fallo fue firmado por los jueces Palliotti y Leopoldo Bruglia y en él se advierte que el represor no reúne las condiciones formales necesarias para acogerse al beneficio de la ley.
La defensa oficial de Magnacco, exmédico de la Armada que se desempeñó como obstetra en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA en la dictadura, había solicitado al Tribunal Oral Federal 5 la aplicación del 2×1 para obtener la libertad condicional.
El polémico fallo de la Corte Suprema que habilitó el «2×1» para los delitos de lesa humanidad abrió un interrogante sobre cuántos de represores sin condena firme podrían recuperar la libertad en el corto plazo. En principio, solo beneficiaría a Luis Muiña, sentenciado en 2011 a 13 años de prisión por cinco casos de secuestros y torturas durante un operativo militar en el Hospital Posadas en 1976.
Muiña, de 61 años, fue a prisión el 30 de septiembre de 2007. En 2013 el Tribunal Oral Criminal Federal 2 (TOCF2) le aplicó el principio de la «ley penal más benigna», por lo que se le contó doble la cantidad de días en prisión preventiva a partir de que cumplió dos años en esa situación. Esa cuenta dio que el 16 de diciembre cumplía la totalidad de la pena. Pero tras una apelación la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal negó el 2×1, cambió el cálculo de la pena y estableció que vencía en 2020.
Ahora, la Corte vuelve a pedir que se aplique la «ley penal más benigna» y se le cuente doble desde el segundo año de la preventiva, en septiembre de 2009. Como Muiña pasó cuatro años en preventiva, los últimos dos suman cuatro. Sumados a los otros seis años que estuvo preso hasta que a fines de 2016 salió en libertad condicional por cumplir dos tercios de la condena (8 años y medio), Muiña tendría la condena cumplida en septiembre de 2018.
