También se tratarán el delirante proyecto para subir Bienes Personales, el freno a la baja de tributos provinciales -adenda fiscal- y la readecuación de los ajustes por inflación en balances para recolectar más en Ganancias. Cambiemos asegura contar al menos con 135 voluntades para el recinto.
Dictamen. Luciano Laspina comandó el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados donde Cambiemos, tras ceder a múltiples reclamos, logró firmar el despacho del Presupuesto 2019 que se votará hoy.
Dictamen. Luciano Laspina comandó el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados donde Cambiemos, tras ceder a múltiples reclamos, logró firmar el despacho del Presupuesto 2019 que se votará hoy.
Tras semanas de negociaciones y un festín de concesiones a un peronismo que se mostraba anoche silencioso y aún histérico, Cambiemos logró dictaminar ayer el proyecto de Presupuesto 2019 e intentará votarlo hoy, en una sesión especial que comenzará desde las 11 y terminará bien entrada la madrugada de mañana. Para el convite en el recinto, donde el oficialismo asegura contar al menos con 135 voluntades entre propios y «acompañantes», se tratarán también el delirante proyecto para subir Bienes Personales, el freno a la baja de tributos provinciales -adenda fiscal-, la readecuación de los ajustes por inflación en balances para recolectar más en Ganancias, y un régimen especial de Monotributo a cañeros y tabacaleros.
Ayer, y durante seis horas, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Luciano Laspina (PRO), formalizó las últimas «donaciones» al peronismo para lograr el despacho de mayoría de la ley de gastos para el año próximo. Todo, en medio de quejas del Frente para la Victoria, la izquierda y el massismo por no poder «ver el dictamen» que se pincelaba en ese momento. Las primeras dos fuerzas además celebraron la marcha al Congreso que harán mañana sindicatos y movimientos sociales para rechazar el paquete económico-impositivo. Veamos los cambios al proyecto:
Se noqueó al artículo 53, que sustituía al artículo 65 de la Ley de Administración Financiera para que el Ejecutivo realizara «operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública» con mira en «las condiciones imperantes del mercado financiero». El artículo actual de la ley marca que el Ejecutivo «podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública» en la medida en que «ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales». Al menos dos de esas condiciones deben cumplirse.
Con la suba de impuestos a los contribuyentes -en especial, Bienes Personales- nacerá un fondo de $6.500 millones para subsidiar al transporte. La discusión se dio durante semanas por la supuesta «desprotección» al transporte urbano en ciudades enfrentadas a oficialismos provinciales, que sólo se encargan del interurbano. De esa caja, $5.000 millones se coparticiparán y $1.500 quedarán a discreción del Ejecutivo. Esta situación fue vendida como «de transición», ya que Nación consensuó a través de la adenda fiscal -firmada por 18 gobernadores y el jefe de Gobierno la Ciudad- que serían los distritos los encargados de solucionar este problema.
Para el caso de Ganancias en cooperativas financieras, y tras dos años de insistencia, Cambiemos al menos pudo establecer un impuesto especial -alícuota progresiva- al patrimonio. Según Laspina, de 1.400 mutuales, más de 1.200 no van a pagar ese tributo. «Un día podríamos debatir topes a la tasa de los préstamos. Ahí quiero ver quiénes me acompañan», disparó Laspina ante descontentos opositores.
El oficialismo aceptó -incluso, con pedidos desde el propio espacio que aparecieron a último momento para no regalar ventaja al antimacrismo- la ampliación de las partidas en $500 millones para el Conicet, el INTA y el mismo monto para el área de Cultura. También se acrecentó en $100 millones las partidas para el Sedronar, y en $900 millones para el programa de asistencia a la primera infancia.
Laspina dio aval al quite de los artículos referidos a modificaciones en la Unidad de Información Financiera (UIF), que nada tenían que ver con el debate en cuestión, y dejó las atribuciones normales de Jefatura de Gabinete para no reasignar partidas a gastos corrientes, además de un control detallado sobre créditos bilaterales. En cuanto a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), habrá condiciones para acceder a ella -el kirchnerismo denostó al oficialismo- aunque los monotributistas sociales podrán gozar de esta por más que se encuentren en actividad.
Para el caso de las retenciones, y tras varias idas y vueltas, se pondrá un límite del 30% para la soja y del 12% para el resto de los productos. En tanto, el criticado fideicomiso creado para sostener a las empresas que ganaron licitaciones de proyectos de Participación Público Privada (PPP) no sólo se mantendrá, sino que también se estirará hacia todas las provincias. Además, se dinamitaron retoques pícaros sobre el Código Aduanero.
Laspina ratificó, tal como garantizó hace 15 días, que no se incorporarán a Ganancias ítems extra otorgados a trabajadores en diferentes provincias y que el «plus patagónico» en jubilaciones y asignaciones no será modificado, por lo que se borraron del dictamen los artículos 125, 126, 127 y 128 del proyecto enviado por el Ejecutivo. Por otra parte, se incorporó a la ley -tras gestiones radicales mendocinas y del jefe senatorial PJ, Miguel Pichetto- la exención de impuestos internos a los espumantes.
El despacho de mayoría del Presupuesto 2019 tuvo 23 firmas del oficialismo y se sumaron las de Jorge Franco (misionero opositor «friendly»), los justicialistas Elida Pértile (Chaco, lo hizo disidencia parcial) y Juan Bahillo (Entre Ríos), y la santiagueña Norma Abdala de Matarazzo, quien responde al Frente Cívico del gobernador Gerardo Zamora. Al cierre de esta edición, el oficialismo intentaba convencer al cordobés Martín Llaryora (PJ) y se mostraba incrédulo por el no acompañamiento de Martín Lousteau.
«Cubrebaches»
El jueves pasado, la comisión avanzó con cuatro proyectos, tres de los cuales servirán para cubrir los agujeros fiscales producto de los pedidos de gobernadores y del PJ. Uno es el delirante aumento de Bienes Personales, con alícuotas progresivas de 0,25%, 0,5% y 0,75% por el valor que se exceda de los límites iniciales, con la valuación fiscal de 2017 y actualizada por inflación. Para el caso de los inmuebles rurales, el 0,25% plano fijado buscará modificarse o quitarse en el recinto, tal como anticipó Ámbito Financiero en su edición del lunes pasado.
La segunda iniciativa de ajustes por inflación de balances no implicará actualizaciones en tercios, sino del 55%, 30% y 15%, respectivamente para los próximos tres períodos. A través de esta nueva cuenta, y con la alta inflación de este año, el Gobierno continuará con el festín recolector de Ganancias. El tercer proyecto es la adenda fiscal -freno a la disminución de tributos provinciales- y un cuarto dictamen contempla un tratamiento especial del régimen del Monotributo para pequeños productores cañeros y tabacaleros. Todos se votarán tras debatir el Presupuesto.