Una misión del organismo internacional realizó un informe sobre la accióndel Gobierno frente al tráfico y consumo de estupefacientes y recomendó adaptar la ley al fallo Arriola
LA NACION
En los despachos oficiales fue bien recibido el análisis de los enviados de la ONU. Incluso en el punto referido a la reforma legal. El Gobierno quiere poner en debate esa ley, tanto para modificaciones dirigidas al control de la oferta de drogas como a la prevención de la demanda. Funcionarios estiman que la posición de la JIFE permitirá abrir la discusión legislativa.
El Gobierno espera con un cambio legal fijar concretamente la cantidad a ser tomada en cuenta como tenencia para consumo personal. Esa definición será importante para un paso posterior que tiene en carpeta el Ministerio de Justicia. El ministro Germán Garavano proyecta en su agenda de reformas procesales poner en debate legislativo en 2018 la constitución de tribunales especiales para casos de drogas.
Más allá del pedido de adaptación de la ley de drogas, el informe de la ONU destacó la reorganización del sistema de fiscalización de narcotráfico y adicciones que se realizó el año pasado. Y señaló con especial énfasis el trabajo de la Sedronar, a cargo de Roberto Moro. La comisión que evaluó a la Argentina consideró positiva la reconstrucción del Observatorio de Drogas y llamó a utilizar datos actualizados para elaborar estrategias de reducción de la demanda de estupefacientes.
Mayor coordinación
Entre otros puntos que figuran en el documento remitido por la JIFE se solicita también al gobierno argentino la creación de un mecanismo de coordinación efectivo sobre fiscalización de drogas, integrado por todos los actores gubernamentales que se ocupan de la represión del narcotráfico, la prevención del consumo y el tratamiento de adictos.
Los expertos internacionales reconocieron los pasos dados por el Gobierno para luchar contra el blanqueo de dinero, pero también exigieron un mayor control sobre las empresas que se dedican a la fabricación e importación de sustancias utilizadas como precursores para la elaboración de estupefacientes.
El Gobierno reaccionó positivamente a la evaluación internacional. Hizo pública su posición con un comunicado de la Cancillería: «En su informe, la JIFE evalúa positivamente el accionar del actual Gobierno frente a la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico a la vez que lo felicita por su compromiso con los tratados de fiscalización internacional de drogas, su determinación para abordar el problema de las drogas en el país y su labor en la lucha contra el lavado de activos.»
No se hizo en ese mensaje oficial referencias sobre el pedido de cambio de la ley de drogas, pero en los despachos gubernamentales tomaron nota del pedido de la ONU para no figurar en un próximo informe como país que no cumplió con una recomendación de la JIFE.
